Parte 2
Detrás de cada firma había una arquitectura invisible: nombres que se repetían como ecos, documentos que flotaban sin sustancia, una burocracia que ya no registraba la realidad, sino su simulacro.
En mayo de 2015, cuando el eco de los contratos cuestionados aún serpenteaba por los pasillos del Ministerio de Salud, la Contraloría General de la República dio un paso decisivo: autorizó una auditoría especial para desentrañar las operaciones entre el MINSA y la empresa Angels Wings Life Team Inc.
Pero no sería una investigación aislada.
Lo que comenzó como una simple revisión contable terminó convirtiéndose en una disección casi quirúrgica de un entramado empresarial que, poco a poco, dejaba al descubierto sus tentáculos insertados en las zonas más porosas del Estado.
Angels Wings no volaba sola.
A su alrededor orbitaban otras empresas con estructuras legales casi idénticas, vínculos contractuales cruzados y —sobre todo— directivos que se repetían de una razón social a otra, como si una misma arquitectura se replicara bajo emblemas distintos.
Cabin Corp., por ejemplo, no solo compartía contratos de aeronaves y logística con Angels Wings, sino que también había sido señalada en otros escándalos públicos —incluidos los casos de Pandeportes y del Programa de Ayuda Nacional (PAN)—.
Level One Venture Everlast Aviation —también registrada como Love Aviation Inc.— aparecía vinculada a los mismos servicios, aunque persistían serias dudas sobre si contaba, en efecto, con aeronaves operativas o licencias válidas para volar.
La lista de sociedades relacionadas era extensa. Casi laberíntica.
Aviones y Partes Com Panamá, Touch & Go Lounge S.A., Panama Property Management & Realty (PROMREAL) Inc., Adjusters, Surveyors Maritime & All Risk (ASMAR) Inc., D.A.F. Consulting S.A…
Distintos nombres, múltiples rubros, pero un patrón común: apellidos que se repetían, firmas que se cruzaban y vínculos persistentes con el núcleo empresarial que orbitó —y aún orbita— alrededor de la administración Martinelli.
Figuras como Josefa Isabel González de Rodríguez, Mónica Gabriela Rodríguez de Silva y Manuel S. González aparecían una y otra vez, alternando cargos como presidenta, directora, tesorera o suscriptora.
Una arquitectura paralela que sostenía el andamiaje legal del conjunto. Las mismas firmas legales —como CORT Abogados— se repetían también, operando como fachadas jurídicas para compañías distintas, pero funcionalmente sincronizadas.
Un juego de espejos corporativos donde los rostros cambiaban, pero el reflejo era siempre el mismo.
La complejidad del esquema —al menos en apariencia— no era fruto del descuido, sino expresión de una lógica de dispersión cuidadosamente calculada: estructuras diseñadas para diluir las huellas, multiplicar las razones sociales y desdibujar, una vez más, la línea entre legalidad y poder. La decisión de la Contraloría no fue arbitraria. Respondió a denuncias de irregularidades en el Servicio Institucional de Salud para Emergencias y Desastres (SISED) —una entidad que, al menos en teoría, debía operar con máxima rigurosidad y urgencia.
Pero los documentos oficiales contaban otra historia.
Una historia escrita con pagos millonarios sin respaldo verificable, vuelos no confirmados, traslados sin pacientes y firmas estampadas sobre servicios que —según los informes— jamás se prestaron.
En agosto de 2016, el Informe de Auditoría Especial Nº 087-012-2015 puso las cartas sobre la mesa. La investigación confirmó lo que hasta entonces eran sospechas persistentes: las irregularidades no eran episodios aislados, sino parte de un patrón sistemático.
Se facturaron vuelos sin registros médicos ni evidencia clínica de pacientes trasladados.
Las horas cobradas excedían, con claridad, los tiempos registrados en los formularios oficiales del propio SISED.
Además, se identificaron cobros duplicados —traslados colectivos presentados como individuales— y formularios plagados de vacíos: sin firmas, sin horarios, sin constancias médicas que justificaran la urgencia.
El daño al erario se cuantificó con precisión: 3,357,610.39 dólares estadounidenses. Un número frío, exacto, que no hablaba solo de dinero, sino de un aparato estatal movilizado, al menos en parte, para desangrar recursos públicos bajo la fachada de salvar vidas.
Entre los nombres señalados reaparecía una figura que ya había estampado su firma en documentos clave: la Dra. Reina Gisela Roa Rodríguez. En su rol como directora nacional de Prestación de Servicios de Salud, había certificado —con su rúbrica— la satisfacción de los servicios prestados por Angels Wings.
Una firma técnica.
Pero también una validación institucional que hoy forma parte del expediente judicial.
Esa certificación, en apariencia técnica, fue declarada inconsistente con la evidencia disponible. No se le atribuía enriquecimiento ilícito, pero sí una responsabilidad administrativa directa: su firma había validado pagos por servicios que no podían ser comprobados. Un sello institucional que, al estamparse, convirtió la ficción administrativa en realidad presupuestaria.
Lo que comenzó en 2015 como una sospecha se transformó, en 2016, en una confirmación oficial. Y en 2017, esas evidencias cimentaron la decisión del Tribunal de Cuentas de imponer medidas cautelares sobre los bienes de Roa por un monto de B/. 87,930.00.
El expediente, a esas alturas, ya no hablaba solo de vuelos y facturas: hablaba de una firma que —al igual que el sistema que la contenía— había dejado de hacer preguntas cuando más se necesitaban.
La investigación continúa
Este artículo es la segunda entrega de “El síndrome Roa: Una historia de poder, prestigio y salud pública en América Latina”, una serie especial compuesta por 12 publicaciones.
En las próximas 10 entregas continuaremos reconstruyendo la trayectoria de Reina Roa, las redes de poder que rodearon su carrera, los reconocimientos que consolidaron su prestigio internacional, los expedientes administrativos y judiciales abiertos en Panamá y las tensiones entre salud pública, influencia técnica, filantropía, soberanía y rendición de cuentas.
A medida que se publiquen los nuevos artículos, cada entrega incluirá botones de navegación para acceder a los capítulos anteriores y continuar con los siguientes. Así, quienes lleguen por primera vez podrán regresar al comienzo de la serie, mientras que quienes ya la siguen podrán avanzar respetando el orden en que fue concebida la investigación.
Si todavía no has leído la primera entrega, podrás acceder a ella mediante el botón incluido al final de esta página.
La historia continúa. La próxima entrega abrirá una nueva pieza del entramado que permitió que el poder, el prestigio y la autoridad técnica avanzaran, durante años, sin suficientes preguntas.
Este artículo es una publicación original. Si encuentra algún error, inconsistencia o tiene información que pueda complementar el texto, comuníquese utilizando el formulario de contacto o por correo electrónico a redaccion@thevapingtoday.com.
