En la frontera entre Brasil y Paraguay, unos pocos metros pueden separar dos precios, dos regímenes fiscales y dos definiciones de legalidad. El mercado clandestino de cigarrillos suele explicarse por lo que ocurre en ese intervalo. Pero su origen está menos en la frontera que en la cadena que desemboca en ella… y en las condiciones de quienes encuentran el producto al otro lado.
En Ponta Porã, en el oeste de Brasil, cruzar una calle puede significar cambiar de régimen económico. Al otro lado está Pedro Juan Caballero, en Paraguay. La frontera es seca, calurosa, urbana y, en algunos tramos, casi invisible. Hay quienes duermen en un lado y trabajan en el otro. El real circula junto al guaraní y al dólar. En unos pocos metros, una mercancía puede cambiar de precio, de fiscalidad y, a veces, de condición jurídica.
En julio de 2024, investigadores que trabajaban en la región encontraron cigarrillos y dispositivos electrónicos expuestos abiertamente en el lado paraguayo. En algunos establecimientos, un paquete costaba 0,70 reales. Escaparates, puestos, distintas marcas, comercio formal e informal compartían el mismo paisaje. Resultaba difícil ver sobre el terreno aquello que el mapa dibuja con precisión: una línea que separa dos sistemas.
Desde Brasilia, Asunción o Ginebra, la diferencia de precios es una variable. Allí está en el estante y en el presupuesto doméstico.
Buena parte del debate sobre el contrabando comienza con una abstracción: el consumidor. En los modelos aparece como elasticidad-precio; en las estadísticas, como prevalencia; en las cuentas públicas, como pérdida de recaudación. Pero antes de caber en cualquiera de esas categorías hay una persona frente a una oferta. Y esa oferta no llega al vacío. Encuentra ingresos, dependencia, hábitos, disponibilidad y márgenes muy distintos para absorber sucesivas subidas de precio.
Es tentador considerar explicado el mecanismo: impuestos más altos en un lado, cigarrillos más baratos en el otro y, entre ambos, contrabando. Sin embargo, un estudio publicado en 2026 en Physis, basado en trabajo de campo en las dos ciudades, sitúa el comercio irregular dentro de una economía fronteriza más amplia, atravesada por asimetrías fiscales, informalidad, fragilidad institucional, corrupción, redes logísticas y escasez de alternativas económicas.
Preguntar por qué compra el consumidor es, por tanto, empezar por el final. Antes de la compra hay otras preguntas: ¿quién produce?, ¿cómo llega la mercancía hasta allí?, ¿qué permite que cueste tan poco? Quizá la frontera no sea donde empieza el contrabando. Es donde se hace visible aquello que lo produce.
Cuando el precio deja de ser solo un precio
Los impuestos sobre los cigarrillos no sirven únicamente para recaudar. El precio es también una herramienta de salud pública: cuando aumenta, el consumo tiende a disminuir. Algunas personas fuman menos, otras dejan de fumar y otras evitan empezar.
En términos agregados, la política funciona. Pero una media poblacional no cuenta la historia de todas las personas que la hicieron posible. Cuando sube el precio, no existe una única respuesta llamada cesación. Hay quien deja de fumar, quien reduce el consumo y quien continúa. Hay quien cambia de marca, pasa al tabaco de liar, busca descuentos o, allí donde existe una red clandestina accesible, recurre a ella.
Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en 2024, que reunió 68 estudios, encontró estas estrategias de reducción de costes con mayor frecuencia entre personas con menos ingresos y mayor dependencia. En cambio, la relación entre aumentos fiscales y compra de cigarrillos ilícitos apareció de manera menos consistente.
Los impuestos elevados no producen, por sí solos, mercados clandestinos. Pero tampoco actúan en el vacío. Allí donde ya existe una infraestructura ilegal, una subida de precios puede ampliar la distancia entre lo que la política espera del consumidor y lo que el mercado pone delante de él. Es en esa distancia donde encuentra espacio el contrabando.
Hay, además, una asimetría poco discutida. Para quien deja de fumar, el impuesto desaparece con el último paquete. Para quien continúa, vuelve en el siguiente. Y en el siguiente. Esto no convierte la fiscalidad del tabaco, por definición, en una política regresiva. Estudios latinoamericanos indican que los grupos de menores ingresos pueden responder con mayor intensidad a las subidas de precios y concentrar, por ello, una parte importante de los beneficios económicos y sanitarios asociados a la reducción del consumo.
Pero la misma estadística contiene también a quienes siguen fumando. En muchos países, a medida que la prevalencia ha descendido, el tabaquismo se ha concentrado entre poblaciones socialmente desfavorecidas. En Brasil, distintos estudios registran también desigualdades tanto en el consumo como en el abandono. La población fumadora no solo disminuye: cambia de composición. Y, cuando cambia quién sigue fumando, cambia también sobre quién recae la política.
La misma subida de precio no pesa igual sobre quien dispone de margen en su presupuesto que sobre quien reparte sus ingresos entre comida, alquiler, transporte, energía y medicamentos. Para quien continúa fumando, el ajuste puede producirse fuera del paquete: se aplaza una compra, se recorta otro gasto, se cambia de marca, se busca un vendedor más barato. El cigarrillo permanece. Es el resto del presupuesto el que se reorganiza a su alrededor.
Las decisiones siguen siendo decisiones. Pero no se toman en las mismas condiciones. Ingresos, dependencia y acceso a alternativas delimitan lo que resulta posible hacer ante una misma subida de precio.
El ejemplo de Canadá de los años noventa resulta útil precisamente porque varias piezas del mercado cambiaron casi al mismo tiempo. Tras sucesivas subidas fiscales, el país vio crecer un amplio mercado clandestino. Cigarrillos fabricados en Canadá eran exportados a Estados Unidos y después reintroducidos en territorio canadiense sin pagar la fiscalidad doméstica. El producto salía legalmente y regresaba más barato por una ruta ilegal.
En 1994, el gobierno cambió de estrategia. Algunas provincias redujeron impuestos; las exportaciones comenzaron a tributar; se reforzó la fiscalización y aumentaron los controles sobre la cadena. Uno de los principales flujos asociados al esquema se desplomó. El entonces General Accounting Office de Estados Unidos registró una reducción de aproximadamente el 96 % en las importaciones estadounidenses de cigarrillos canadienses entre 1993 y 1996.
El dato suele utilizarse para respaldar una conclusión sencilla: bajar impuestos reduce el contrabando. Pero varias políticas cambiaron al mismo tiempo y los consumidores también reaccionaron a los precios más bajos. Un estudio publicado en el Canadian Medical Association Journal, que siguió a más de 11.000 personas, encontró una reducción menor de la prevalencia del tabaquismo en las provincias que aplicaron recortes fiscales adicionales. En ellas, la iniciación fue mayor y la cesación, menor.
El mercado clandestino retrocedió. El comportamiento de los consumidores también cambió. El episodio no ofrece una fórmula, sino una advertencia: el precio importa, la disponibilidad también y los efectos de una política no caben en una sola estadística.
El consumidor no construyó la cadena
Concentrar el debate en la demanda produce una ilusión: la de que el mercado clandestino sería simplemente la suma de millones de decisiones individuales. Pero ningún cigarrillo de contrabando llega solo al mostrador.
Antes hubo papel, filtros, máquinas, envases, capital, transporte, almacenes, distribuidores y financiación. Para que una persona encuentre una y otra vez el mismo producto, en el mismo lugar y a un precio previsible, toda esa estructura tiene que funcionar.
Un análisis publicado en Tobacco Control mostró que Paraguay importa legalmente insumos utilizados en la fabricación de cigarrillos y mantiene una capacidad productiva difícil de conciliar únicamente con el consumo doméstico y las exportaciones formalmente registradas. Al mismo tiempo, los cigarrillos de origen paraguayo circulan ampliamente por los mercados informales de Brasil y Argentina.
La pregunta cambia entonces de escala. Ya no se trata solo de cuánto cuesta el cigarrillo legal frente al clandestino, sino de cuánto se produce, a dónde va y cuánto de esa producción puede explicar el mercado formal. Quien compra un paquete irregular participa en la demanda. Pero no decide cuánto se produce, no organiza rutas internacionales, no controla los insumos ni construye redes capaces de abastecer miles de puntos de venta.
En una cadena tan asimétrica, quizá sea más útil preguntar quién tiene poder que quién tiene la culpa.
Los datos brasileños también cuestionan la imagen del consumidor perfectamente racional que busca siempre el precio más bajo. A partir de la Encuesta Nacional de Salud de 2019, André Szklo y Jeffrey Drope estimaron que al menos el 38,6 % de los cigarrillos clasificados como marcas no autorizadas pertenecían al mercado ilícito. Cuando incluyeron marcas legalmente registradas pero vendidas sin la tributación correspondiente, la estimación aumentó al 47,1 %.
Cerca de una cuarta parte de los cigarrillos de marcas ilícitas, sin embargo, se vendía al precio mínimo legal brasileño —o incluso por encima de él—. Si el precio lo explicara todo, ese dato sería difícil de entender.
Los consumidores también compran disponibilidad, familiaridad y comodidad. Compran la marca conocida, el producto cercano, aquello que puede encontrarse a las seis de la mañana o a las once de la noche. Compran dentro de relaciones de confianza construidas en la vida cotidiana.
Otro estudio brasileño, publicado en 2024, encontró que los consumidores de cigarrillos ilícitos eran menos sensibles a las variaciones de precio que los compradores del mercado formal. Esto sugiere que, una vez consolidado, el mercado clandestino puede adquirir cierta autonomía respecto a la ventaja económica que contribuyó a crearlo. Reducir el precio del producto legal, llegado ese punto, no garantiza que el consumidor regrese. Los mercados también están hechos de rutina, proximidad, confianza y hábito.
El control del tabaco no ha modificado únicamente precios y disponibilidad. También ha alterado el lugar social del cigarrillo y, hasta cierto punto, el de quien fuma. El cigarrillo fue desapareciendo de oficinas, aviones, restaurantes, universidades y anuncios. Eso redujo la exposición involuntaria al humo y transformó el acto de fumar en la vida pública.
Pero, a medida que el tabaquismo se concentra entre grupos de menores ingresos y entre personas con mayores dificultades para dejarlo, puede reducirse la distancia entre reprobar una conducta y atribuir un significado a quien la mantiene. Quien fuma puede empezar a ser descrito por la forma en que responde —o no responde— a la intervención: «persistente», «resistente», «difícil de alcanzar», «no adherente». Parecen términos técnicos. Pero las categorías también organizan la mirada de las instituciones.
Existe una diferencia entre informar sobre el riesgo y convertir el riesgo en identidad; entre elevar precios e interpretar la continuidad del consumo como un fracaso moral; entre ofrecer ayuda para dejar de fumar y convertir a quien no lo consigue en la medida del fracaso de la intervención. En el mercado clandestino se añade otra categoría: además de fumador, la persona pasa a ser consumidora de una mercancía irregular.
La política empieza intentando modificar una conducta. El problema aparece cuando termina mirando a la persona entera a través de ella.
La falsa elección entre impuestos y fiscalización
El debate se empobrece cuando se divide en dos trincheras. En una, los impuestos elevados producirían inevitablemente contrabando. En la otra, el precio apenas tendría importancia. La evidencia encaja mal en ambas.
Las diferencias de precio crean incentivos, pero los incentivos necesitan producción, logística, distribución, fiscalización y consumidores. Cada parte de la cadena responde de manera distinta a las políticas. Una revisión publicada en 2025, que reunió 48 estudios de 39 países de renta baja y media, estimó que alrededor del 14,4 % del tabaco fumado circulaba ilícitamente, con grandes variaciones entre países y métodos de medición.
La heterogeneidad debería producir cautela, no eslóganes. No existe un tipo impositivo universal que produzca una proporción previsible de mercado clandestino. En América Latina, revisiones independientes también han encontrado discrepancias entre estimaciones académicas y cifras producidas o utilizadas por actores comerciales. El contrabando es real, pero su dimensión también es objeto de disputa.
Vista desde el consumidor, esta arquitectura sugiere una inversión: la fuerza coercitiva del Estado debería aumentar a medida que se asciende por la cadena económica, no a medida que se desciende hacia quien compra. En la parte alta están la producción no declarada, el desvío de insumos, las grandes operaciones logísticas, el blanqueo de capitales, la corrupción y la distribución a escala. Allí se concentran capital, información y capacidad para reproducir el mercado. En el extremo opuesto está quien compra un paquete.
Concentrar la intervención en ese último punto puede producir miles de actuaciones individuales sin tocar la estructura que hará reaparecer la mercancía al día siguiente. Esto no significa abandonar la fiscalidad, sino combinarla con coordinación entre países vecinos, control de la producción, fiscalización y trazabilidad.
Máquinas, insumos y volúmenes fabricados pueden supervisarse con mayor rigor. Lo que una industria declara producir debe contrastarse con el consumo doméstico y las exportaciones registradas. La trazabilidad ayuda, pero solo funciona si los registros son fiables y existen instituciones capaces de actuar cuando las cifras no cuadran. La tecnología puede hacer más legible un mercado. No sustituye a las instituciones.
Gobernar la demanda sin gobernar mediante la abstinencia
Hay una parte del problema que ningún puerto, almacén o puesto fronterizo puede resolver. Alguna demanda seguirá existiendo mientras haya personas que quieran —o necesiten— continuar utilizando nicotina. La política pública no tiene por qué interpretar esa permanencia como un fracaso.
Para quien quiere dejar de fumar, la cesación debe ser accesible en costo, proximidad y variedad de métodos. Para quien no puede —o no desea— dejarlo inmediatamente, la reducción de daños y una información proporcional al riesgo pueden ampliar las opciones disponibles.
Reducir la combustión no es lo mismo que eliminar cualquier forma de consumo de nicotina. Reducir la exposición a los productos de mayor riesgo tampoco exige suponer que todas las personas llegarán al mismo desenlace, al mismo tiempo y por el mismo camino. Cuanto más estrecho sea el conjunto de respuestas consideradas aceptables, mayor puede ser el espacio dejado para que proveedores informales atiendan la demanda que permanece.
El mercado clandestino no necesita ganar una disputa de ideas. Solo necesita estar abierto.
Las fronteras, además, no son corredores abstractos por los que las mercancías atraviesan mapas. Son lugares donde las personas trabajan, compran, venden y crían a sus hijos. En Ponta Porã y Pedro Juan Caballero, comercio, informalidad, cambio de divisas y trabajo ocupan el mismo espacio. Cuando una actividad clandestina se incorpora a la economía local, suprimirla no crea automáticamente otra fuente de ingresos. La actividad puede desaparecer. La necesidad que contribuyó a sostenerla, no.
Por eso, la política fronteriza también es política de desarrollo.
El contrabando no tiene por qué concebirse como una guerra contra los consumidores ni como una extensión automática de una política de abstinencia. También es un problema de organización económica: quién produce, quién financia, quién transporta, quién distribuye, quién obtiene beneficios, y quién, al final de la cadena, compra.
Una respuesta proporcional concentra una mayor presión allí donde están el capital, la escala y la capacidad de reproducir el mercado, sin abandonar la fiscalidad, la cooperación entre países, la cesación o la reducción de daños.
Hay una diferencia entre hacer más difícil que opere el mercado clandestino y hacer más difícil la vida de quien compra en él. No es lo mismo. Una política puede reconocer el riesgo del cigarrillo sin convertir a quien fuma en una categoría moral; puede utilizar los precios sin imaginar que todos responderán de la misma forma; puede combatir mercados clandestinos sin convertir su eslabón más débil en el objetivo más cómodo.
Cuando un producto clandestino sigue llegando cada día a las manos de millones de personas, quizá la pregunta más reveladora ya no sea solamente por qué continúan comprándolo. Antes de la compra hubo una fábrica. Antes del mostrador hubo insumos, máquinas, capital, camiones, carreteras, almacenes e intermediarios. Toda una cadena tuvo que funcionar para que el producto pudiera parecer, al final, apenas un paquete barato al alcance de la mano.
En Ponta Porã bastan unos pasos para cruzar la frontera. El contrabando tuvo que recorrer una distancia mucho mayor.
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Para profundizar
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