En la COP10 se debatió la propuesta de unificar la tributación de todos los productos de nicotina, pero los expertos y defensores de la reducción de daños argumentan que debe haber un enfoque diferenciado. Mientras se espera la decisión final, eventos paralelos resaltan la importancia de regulaciones sensatas para evitar consecuencias no deseadas, como el incremento de los mercados ilícitos. La COP10, que podría marcar un antes y un después en la lucha global contra el tabaquismo si aceptara la necesidad de adaptar las políticas a la evidencia científica y las realidades de consumo, parece ir en una dirección opuesta.
Después del cierre de la décima Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la COP11 se esperan las decisiones claves sobre el futuro de los productos de tabaco y nicotina de riesgo reducido, que incluyen alternativas como vaporizadores de nicotina, snus, bolsas de nicotina y productos de tabaco calentado.
Uno de los temas centrales en la COP10 fue la propuesta de la OMS de implementar un impuesto unificado para todos los productos que contienen nicotina, similar al impuesto a los cigarrillos combustibles. La OMS sostiene que los impuestos y los altos precios al consumidor son esenciales para disminuir la demanda de productos de nicotina y que estas son herramientas efectivas para reducir el consumo.
Sin embargo, esta visión enfrenta oposición. Expertos, científicos, defensores de la reducción de daños y la industria tabacalera interesada en la transformación de su mercado argumentan que las alternativas sin humo ofrecen formas menos dañinas de consumir nicotina y, por lo tanto, merecen una regulación y estructura tributaria diferenciada. El debate sobre la tributación adecuada es fundamental para quienes abogan por una regulación proporcional al riesgo.
Un debate vivo
En paralelo a la COP10, la Taxpayers Protection Alliance (TPA), una organización sin fines de lucro, organizó su evento de cinco días para amplificar las voces de los defensores de la reducción de daños por tabaco, que sirvió como un contrapunto a la COP10, promoviendo discusiones significativas, abiertas a todo el público, sobre las políticas de control del tabaco.
Destacados en el evento, el Dr. Riccardo Polosa y el Dr. Konstantinos Farsalinos subrayaron la necesidad de una regulación que sea proporcional al riesgo y advirtieron contra una tributación excesiva que podría fomentar un mercado ilícito y la permanencia de los fumadores en el consumo de los dañinos cigarrillos combustibles.
En efecto, el impacto real de una tributación excesiva y su posible vínculo con los mercados ilícitos es una preocupación creciente, como lo demuestra el evento organizado por Crime Stoppers International (CSI) en Panamá, que destacó cómo políticas prohibicionistas pueden estimular la demanda en el mercado negro. Para mostrar el impacto del comercio ilícito, CSI ha construido una estructura con quince contenedores de 12 metros en las cercanías del Panamá Convention Center, donde ocurría la COP10.
La organización advierte que las políticas públicas prohibitivas o extremas, como el aumento de impuestos o la prohibición del uso de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y dispositivos similares, generan una demanda que fomenta el mercado negro, que es un riesgo para la salud pública. Alejo Campos, director de CSI, enfatizó la importancia de crear leyes que prevengan y persigan los delitos relacionados con el tabaco, pero también que ofrezcan alternativas a los consumidores.
En el mismo sentido, Gregoire Verdeaux, vicepresidente senior de Asuntos Externos de Philip Morris International, destacó en el evento lo contraproducente de las prohibiciones, afirmando que es esencial contar con regulaciones de mercado razonables. Subrayó que prohibir productos solo resulta en su traslado al mercado ilegal. Verdeaux señaló el ejemplo de Europa, donde se han introducido regulaciones sensatas para controlar, regular y gravar las alternativas a los cigarrillos. Su argumento principal es que, en lugar de empujar a los fumadores hacia el mercado ilegal, se les debe ofrecer una salida legal y más segura.
Hasta la fecha de esta publicación, las decisiones de la COP10 respecto a la tributación de los nuevos productos de tabaco aún están pendientes. Estas decisiones tendrán, sin duda, un impacto considerable en el futuro de las personas que fuman, que intentan dejar de fumar o que ya han dejado atrás los cigarrillos con los productos de reducción de daños por tabaco, lo que resalta la necesidad de adoptar enfoques diferenciados que se ajusten a las variadas necesidades de los mercados.
¿Por qué no es buena idea una tributación unificada?
La idea de una tributación unificada para los cigarrillos tradicionales y los productos de reducción de daños, como los dispositivos de vapeo, emerge como una estrategia potencialmente simplificada desde una perspectiva fiscal. Sin embargo, esta aproximación pasa por alto diferencias críticas entre estos productos, especialmente en términos de riesgo para la salud y su papel en la salud pública.
Examinar la naturaleza sustitutiva de los productos de vapeo, por ejemplo, frente a los cigarrillos combustibles revela por qué una política de impuestos unificada podría ser contraproducente y, de hecho, perjudicial para los esfuerzos de salud pública destinados a reducir los daños asociados con el tabaquismo. La tributación unificada para los cigarrillos y los productos de vapeo ignora una distinción fundamental: mientras que los cigarrillos son reconocidos por su alta toxicidad y por causar un riesgo significativo de enfermedad y muerte, los productos de vapeo se presentan como alternativas de menor riesgo para los fumadores que buscan reducir o eliminar su exposición a los daños del tabaco combustible.
Además, la evidencia sugiere que los productos de vapeo son sustitutivos económicos de los cigarrillos, lo que significa que cuando los precios de los productos de vapeo aumentan debido a impuestos más altos, la demanda por estos disminuye mientras que la demanda por cigarrillos, paradójicamente, podría aumentar. Esto se debe a que los usuarios buscan la opción menos costosa, lo cual, en el caso de una tributación unificada, podría ser sencillamente volver a los cigarrillos más dañinos.
La relación entre la tributación de los productos de vapeo y el consumo de cigarrillos la ilustran estudios que muestran cómo los aumentos en los precios de los productos de vapeo pueden incrementar el consumo de cigarrillos entre adultos y jóvenes. Por ejemplo, se ha estimado que una propuesta de impuesto nacional a los cigarrillos electrónicos en Estados Unidos podría aumentar el número de fumadores diarios en aproximadamente un punto porcentual, lo que se traduce en 2.5 millones de fumadores adultos adicionales.
Este efecto contraproducente indica cómo los impuestos elevados para los productos de vapeo no solo fallan en proteger la salud pública, sino que podrían promover el regreso al hábito más peligroso: el consumo de cigarrillos combustibles.
Además de lo anterior, los impuestos altos en los productos de vapeo pueden incentivar el crecimiento de mercados ilegales, donde los productos no regulados y potencialmente más peligrosos pueden proliferar. Esto no solo socava los objetivos de salud pública, sino que despoja a los gobiernos del control regulatorio y fiscal sobre estos productos. La experiencia ha demostrado que prohibiciones totales o parciales y, por extensión, las políticas fiscales punitivas, no eliminan los productos prohibidos, sino que alteran la manera como se distribuyen, frecuentemente desplazándolos hacia redes criminales.
La tributación de los productos de vapeo debe ser proporcional a su daño relativo en comparación con el tabaco combustible. El Colegio Real de Médicos del Reino Unido sugiere una tasa impositiva reducida del 5 % para los productos de vapeo para hacer que las alternativas de reducción de daño sean mucho más accesibles y fomentar el cambio de los cigarrillos a opciones menos perjudiciales.
Este enfoque no solo apoya la salud pública al incentivar a los fumadores a cambiar a opciones menos dañinas, sino que también considera la importancia de mantener los productos de vapeo ―u otros que reducen los riesgos― accesibles y asequibles, especialmente para los grupos de bajos ingresos, que son desproporcionadamente afectados por las enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
Una tributación unificada para los productos de reducción de riesgos y los cigarrillos ignora las diferencias cruciales en términos de impacto en la salud entre estos productos. Una estrategia fiscal que refleje adecuadamente el principio de reducción de daños, asignando impuestos en proporción al riesgo relativo de los productos, es crucial para promover la salud pública y facilitar la transición de los fumadores hacia opciones menos perjudiciales.
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