Australia revisa sus impuestos al tabaco mientras Namibia replantea su legislación. El panorama actual obliga a preguntarse si estamos regulando para el siglo XXI o, todavía, para el siglo XX.
En cuestión de pocos días, dos países separados por un océano han vuelto a poner sobre la mesa distintas piezas de la maquinaria del control del tabaco. Australia está cuestionando la arquitectura de precios del control del tabaco. Namibia está reabriendo su legislación. Ninguno de los dos avanza exactamente en la misma dirección. Pero, considerados lado a lado, ambos movimientos dejan al descubierto la discusión acerca de si los productos que suministran nicotina sin quemar tabaco deben estar sometidos a la misma lógica regulatoria que los cigarrillos.
Australia: contradicciones en evidencia
En Australia, el punto de presión es el precio. Una investigación del Senado sobre la crisis del comercio ilícito de tabaco ha recomendado que el gobierno suspenda nuevos aumentos de los impuestos especiales sobre el tabaco, incluida su indexación periódica, y considere una reducción de la carga fiscal como parte de una revisión más amplia de la política. Según el comité, la magnitud de esa eventual reducción debería determinarse mediante una evaluación independiente, no fijarse de antemano.
Pero la recomendación va más allá de los impuestos. El comité también propuso legalizar, bajo regulación, los cigarrillos electrónicos con nicotina y otros productos de nicotina sin humo como alternativas comparativamente menos dañinas para los adultos que fuman.
Esa distinción introduce un principio diferente en un debate dominado durante décadas por la prohibición, los impuestos y la abstinencia. La reducción de daños convierte esa contradicción en una pregunta regulatoria: ¿qué sentido tiene endurecer el acceso al producto legal mientras el mercado ilícito preserva el acceso al más dañino y las alternativas no combustibles permanecen restringidas?
Australia empieza a descubrir que una política puede ser rigurosa en sus instrumentos y contradictoria en sus efectos. La propuesta más drástica que circula en la discusión política —una reducción del 75% de los impuestos especiales sobre los cigarrillos acompañada de una congelación de tres años de la indexación— procede de One Nation, el partido de Pauline Hanson, no del gobierno ni del comité del Senado en su conjunto. Hasta ahora, el gobierno de Anthony Albanese ha seguido privilegiando la aplicación de la ley contra el comercio ilícito de tabaco antes que una reducción radical de los impuestos.
Aun así, algo ha cambiado. Durante décadas, Australia representó una de las expresiones más claras del modelo de altos impuestos aplicado al control del tabaco: encarecer progresivamente los cigarrillos, reducir su asequibilidad y, mediante el precio alto, disminuir el consumo. El debate actual plantea qué ocurre cuando ese mecanismo comienza a interactuar con un mercado ilícito de grandes dimensiones.
Un impuesto puede desalentar el consumo. Pero cuando la distancia entre el precio legal y el ilegal se vuelve suficientemente amplia, el precio puede empezar a determinar no solo si una persona fuma, sino dónde compra lo que fuma. En ese momento, el problema de salud pública cambia de forma. La cuestión deja de ser únicamente si los cigarrillos son suficientemente caros. Pasa a ser si el Estado conserva el control sobre el mercado en el que se compran tabaco y nicotina y si quienes fuman tienen acceso realista a alternativas reguladas que los expongan a menos daño que continuar inhalando humo de combustión.
Ahí aparece la contradicción. El mercado ilícito mantiene accesible el cigarrillo mientras la regulación restringe las alternativas no combustibles. Una política concebida para encarecer el riesgo puede terminar encareciendo, también, la salida de él.
Esto no invalida los impuestos como instrumento de control del tabaco. Tampoco permite determinar de manera absoluta cuál debería ser el nivel óptimo de tributación en Australia. Pero sí vuelve la arquitectura de la regulación mucho más compleja que la antigua ecuación según la cual un precio más alto produce menor consumo y, por extensión, mejores resultados sanitarios.
¿Qué debe significar hoy una ley de control del tabaco?
Namibia se aproxima al mismo paisaje cambiante de Australia por una puerta distinta. Allí, el cambio comienza casi literalmente en el mapa.
El 31 de agosto, el Ministerio de Salud y Servicios Sociales puso en marcha una consulta pública nacional sobre las enmiendas a la Ley de Control de Productos de Tabaco de 2010. El calendario se extiende hasta el 15 de septiembre y atraviesa el país: Gobabis y Katima Mulilo primero; después Mariental, Rundu, Keetmanshoop, Nkurenkuru, Swakopmund, Eenhana, Otjiwarongo, Outapi, Oshakati, Opuwo, Omuthiya y, finalmente, Windhoek.
Bibliotecas comunitarias. Salones de consejos regionales. Centros juveniles. Edificios municipales. En cada parada, a las nueve de la mañana, la misma pregunta regulatoria comienza de nuevo: ¿qué debe significar hoy una ley de control del tabaco escrita en 2010?
La pregunta es más profunda de lo que parece. La legislación namibia fue concebida en un mundo regulatorio todavía organizado, en gran medida, alrededor del tabaco y del humo. Dieciséis años después, los gobiernos deben enfrentarse a cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado, bolsas de nicotina y otras tecnologías que han separado conceptos que alguna vez parecieron casi inseparables: tabaco, nicotina, tabaquismo y combustión.
Esa separación es más que semántica. Deshace una equivalencia sobre la que se construyó buena parte del control del tabaco: nicotina, tabaco y combustión ya no deben estar necesariamente en la misma categoría regulatoria. Una ley escrita en 2010 tiene que decidir qué hacer ahora con esa distancia.
Para los reguladores, esto plantea una elección. Pueden tratar el mercado emergente de la nicotina principalmente como una extensión del problema del cigarrillo, aplicando restricciones ampliamente similares a categorías distintas. O pueden construir un sistema más diferenciado, en el que la regulación responda no solo a la presencia de nicotina, sino también a los daños relativos asociados con distintos productos y formas de consumo.
La segunda opción responde a la lógica regulatoria de la reducción de daños del tabaquismo: no sostiene que los productos sin combustión sean seguros, sino que las diferencias de riesgo importan cuando la alternativa es continuar fumando.
La consulta de Namibia podría terminar produciendo restricciones más estrictas, una regulación diferenciada, nuevas reglas de mercado o alguna combinación de estas medidas. El anuncio, por sí mismo, no permite anticipar el resultado. Lo que sí revela es que la arquitectura jurídica está siendo reconsiderada porque el mercado para el cual fue diseñada ha cambiado.
Un panorama en transformación
Estos acontecimientos se producen apenas unos días después de que la Sociedad Respiratoria Europea instó a los gobiernos del continente a avanzar hacia políticas más ambiciosas para acabar con el tabaco, argumentando que las medidas convencionales de control del tabaco podrían no ser suficientes para reducir la prevalencia del tabaquismo a niveles mínimos.
Los tres acontecimientos no deberían comprimirse artificialmente dentro de una única tendencia política. Apuntan en direcciones diferentes y, en ciertos aspectos, expresan filosofías distintas de salud pública.
Europa debate hasta dónde debe avanzar el control del tabaco hacia un “endgame”. Australia se pregunta si uno de sus instrumentos tradicionales más poderosos, la fiscalidad, necesita ser recalibrado ante un mercado ilícito profundamente arraigado, mientras reabre simultáneamente la cuestión del acceso legal a alternativas de nicotina de menor riesgo. Namibia reconsidera las categorías jurídicas mediante las cuales gobierna productos antiguos y nuevos.
Pero debajo de esas diferencias aparece el mismo problema estructural. Las instituciones del control del tabaco fueron construidas fundamentalmente para gobernar el cigarrillo. El mercado de la nicotina ya no está, desde hace mucho, compuesto únicamente por cigarrillos.
Ahí emerge una distinción que durante décadas pudo permanecer oculta: acabar con el tabaquismo y acabar con el consumo de nicotina no son necesariamente el mismo objetivo. La cuestión es qué debe hacer la regulación con esa diferencia. Esta es la pregunta sin resolver que presiona las antiguas categorías regulatorias.
Esto no obliga a los gobiernos a abandonar los impuestos, las políticas de cesación, las leyes de espacios libres de humo ni las restricciones de acceso para menores. Tampoco significa tratar los nuevos productos de nicotina como benignos. Exige regular de acuerdo con las diferencias de riesgo, manteniendo la reducción de las enfermedades y muertes causadas por el tabaquismo como principal medida del éxito.
Australia se encuentra con esa pregunta como resultado de la economía de un mercado ilícito. Namibia llega a ella a través del lenguaje de una ley. Europa la enfrenta por medio de la ambición del “endgame”.
Países diferentes. Palancas diferentes. Pero, cada vez más, debajo de esas diferencias aparece la misma encrucijada: ¿las políticas de nicotina del siglo XXI seguirán organizándose alrededor del producto que definió el siglo XX —el cigarrillo— o alrededor de los daños que pretenden reducir?
Australia está revisando el precio. Namibia, las categorías de su ley. En otros países, la contradicción puede estar en los impuestos, en las prohibiciones, en el acceso o, simplemente, en una regulación que todavía trata riesgos distintos como si fueran equivalentes.
La pregunta queda entonces más cerca de casa: ¿qué está regulando realmente su país: el daño, el producto o la nicotina?
Namibia lleva la revisión de su legislación sobre el tabaco al territorio. El Ministerio de Salud y Servicios Sociales convocó consultas públicas entre el 31 de agosto y el 15 de septiembre de 2026, con reuniones en distintas regiones del país. Fuente: Ministry of Health and Social Services, Namibia.
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