Mientras las incautaciones de cigarrillos electrónicos superan los 440 millones de reales brasileños (alrededor de 85 millones de dólares) en cinco años, los fumadores adultos siguen sin una vía legal para acceder a productos regulados de menor riesgo que el cigarrillo combustible. La prohibición no eliminó la demanda: dejó su abastecimiento fuera de todo control sanitario.
Desde 2009, Brasil prohíbe fabricar, importar, comercializar, distribuir y publicitar cigarrillos electrónicos. La regulación actual también impide que un viajero ingrese al país con uno de estos dispositivos para uso personal. El consumo individual, sin embargo, no está prohibido fuera de los espacios colectivos cerrados.
Esta combinación produce una anomalía: millones de brasileños pueden utilizar cigarrillos electrónicos, pero ninguno puede comprarlos a través de un canal autorizado por la autoridad sanitaria. Todo dispositivo disponible en una tienda, una red social, un marketplace o un punto de venta informal necesariamente ha sido comercializado por fuera de toda regulación.
La prohibición cerró el mercado legal. No cerró el mercado.
440 millones de reales brasileños en cinco años
Una investigación publicada por A Gazeta, con información de Folhapress y del Instituto de Desarrollo Económico y Social de Fronteras (IDESF), encontró que las incautaciones brasileñas de cigarrillos electrónicos superaron los 440 millones de reales en cinco años. Solo durante 2024 el valor se acercó a los 200 millones.
El presidente del IDESF, Luciano Stremel Barros, atribuye parte del incentivo para el contrabando a la diferencia regulatoria entre Brasil y Paraguay. Mientras el primero prohíbe estos productos, en el país vecino pueden circular legalmente y abastecer las rutas clandestinas que atraviesan la frontera.
El Instituto calcula que el costo logístico promedio de las operaciones de contrabando equivale al 22 % del valor de la mercancía y estima un margen de rentabilidad del 259 % para los cigarrillos electrónicos. Son cálculos del IDESF, no estadísticas oficiales sobre beneficios criminales, y dependen de los precios y supuestos utilizados en su modelo. Aun así, ayudan a explicar por qué los dispositivos pequeños, fáciles de transportar y con una demanda sostenida resultan atractivos para las redes ilegales.
En junio de 2026, una operación conjunta de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y el Servicio Federal de Impuestos incautó más de 25.000 cigarrillos electrónicos en establecimientos y centros de distribución de diferentes regiones del país.
Estas operaciones muestran que existe una cadena clandestina de escala considerable. No permiten, por sí solas, calcular el tamaño completo del mercado ni demostrar cuánto aumentó el consumo. Un incremento en el valor decomisado puede reflejar más mercancía circulando, una fiscalización más intensa, cambios en los precios o una combinación de esos factores.
Las incautaciones, sin embargo, sí confirman algo más elemental: quince años después de iniciada la prohibición, el suministro continúa activo.
La demanda que la prohibición no extinguió
El sistema oficial Vigitel, del Ministerio de Salud de Brasil, estimó que el 2,4 % de los adultos de las capitales estatales y del Distrito Federal utilizaba cigarrillos electrónicos diaria u ocasionalmente en 2024.
La proporción fue del 2,3 % en 2019. El análisis estadístico del Ministerio de Salud señala que el indicador general se mantuvo estable durante ese periodo, aunque encontró aumentos significativos entre los adultos de 35 a 54 años.
Entre las personas de 18 a 24 años, la estimación para 2024 llegó al 10,1 %. El dato exige atención, pero también cautela: Vigitel es una encuesta telefónica concentrada en las capitales y sus estimaciones recientes incorporaron ajustes metodológicos. La propia publicación no identificó una tendencia estadísticamente significativa para ese grupo entre 2019 y 2024.
Otra encuesta, realizada por Ipec y citada por A Gazeta, calculó que el número de consumidores había pasado de alrededor de 500.000 en 2018 a 2,9 millones en 2023. Sus resultados no deben combinarse directamente con los de Vigitel porque las encuestas tienen diseños, muestras y coberturas diferentes.
Aunque los cálculos discrepan, todas las fuentes coinciden en que el mercado existe.
Todos los productos están fuera del control sanitario
En un mercado regulado, una autoridad puede establecer requisitos sobre ingredientes, emisiones, concentración de nicotina, fabricación, etiquetado, advertencias, resistencia de los envases a la manipulación infantil y funcionamiento de las baterías. También puede identificar fabricantes e importadores, inspeccionar instalaciones, retirar lotes defectuosos y sancionar a quienes vendan a menores.
En Brasil no existe esa cadena legal para los cigarrillos electrónicos. Anvisa no ha aprobado productos, fabricantes ni importadores porque la comercialización completa está prohibida.
Eso significa que el consumidor no cuenta con una instancia nacional que compruebe si el contenido corresponde con la etiqueta, si la concentración de nicotina es consistente entre lotes o si el dispositivo cumple estándares eléctricos y de fabricación. Tampoco existe un sistema legal de trazabilidad que permita ordenar el retiro de un producto específico.
Aunque la ausencia de control no implica que todos los dispositivos clandestinos son defectuosos, sí impide saber cuáles cumplen criterios de calidad y cuáles no.
Una investigación anterior sobre la triple frontera documentó cómo los dispositivos pueden ocultarse bajo descripciones falsas, atravesar varios países y mezclarse con otros productos antes de llegar al consumidor. El problema se extiende de este modo a través de una cadena que no conserva registros verificables del producto.
Brasil no permite regular una alternativa de menor riesgo
Resaltar la importancia sanitaria de este debate no significa considerar inocuos los cigarrillos electrónicos. No lo son. Pueden producir dependencia de la nicotina y exponer a sus usuarios a sustancias potencialmente perjudiciales. Su uso por menores y personas que nunca han fumado representa un riesgo que las políticas públicas deben prevenir.
Sin embargo, la comparación pertinente para un adulto que continúa fumando no es entre vapear y respirar aire limpio. Es entre vapear y seguir inhalando el humo producido por la combustión del tabaco.
La revisión sistemática de Cochrane, actualizada en agosto de 2026, reunió 80 ensayos clínicos aleatorizados con 29.861 participantes. Encontró evidencia de alta certeza de que los cigarrillos electrónicos con nicotina ayudan a más personas a abandonar el cigarrillo que las terapias de reemplazo de nicotina, como parches y chicles. La diferencia estimada fue de aproximadamente cuatro personas adicionales que dejan de fumar por cada cien tratadas.
Los autores también consideran que los cigarrillos electrónicos regulados son sustancialmente menos perjudiciales que fumar, aunque no están libres de riesgo y todavía se necesitan estudios de mayor duración.
Esa precisión es decisiva: la evidencia de Cochrane se refiere a productos con nicotina regulados que se emplean para dejar de fumar. Los hallazgos no pueden trasladarse automáticamente a dispositivos de origen desconocido, líquidos adulterados, productos con THC o equipos clandestinos sin estándares de fabricación.
La prohibición brasileña crea entonces una paradoja de reducción de daños: impide el acceso legal a productos sobre los cuales existe evidencia clínica, mientras la demanda se abastece con dispositivos que no pueden ser evaluados por la autoridad sanitaria.
Prohibir no es lo mismo que controlar
En 2025, un grupo de investigadores brasileños encabezado por Vitoria Borges Spinola plantearon en The Lancet Regional Health – Americas el problema de la prohibición y la expansión de un mercado ilícito peligroso. Los autores señalaron que la disponibilidad informal dificulta el monitoreo de los productos y la protección de los consumidores.
Su análisis recibió una respuesta de investigadores vinculados al control del tabaco, quienes defendieron la regulación brasileña y sostuvieron que la prohibición contribuyó a mantener una prevalencia menor que la observada en países con mercados legales.
En una réplica publicada en 2026, Spinola y sus colaboradores aclararon que su diagnóstico sobre el mercado clandestino no equivalía a solicitar el levantamiento inmediato de la prohibición.
El intercambio abre una discusión importante. Comprobar que existe contrabando no demuestra que cualquier otro modelo de regulación distinto de la prohibición vaya a mejorar la salud pública. Pero una prevalencia inferior a la de otros países tampoco demuestra que la política haya controlado los productos que circulan en Brasil.
El resultado depende de qué se mida. La prohibición puede haber limitado la expansión comercial visible y, al mismo tiempo, haber desplazado el suministro hacia vendedores ilegales. Ambas cosas pueden ocurrir simultáneamente.
Protección de los jóvenes y acceso de los adultos
El principal argumento sanitario para mantener la prohibición es evitar que adolescentes y personas que nunca han fumado empiecen a hacerlo. El uso estimado entre jóvenes brasileños muestra que esa preocupación está justificada.
Pero la existencia de una población joven usuaria dentro de un mercado prohibido también obliga a examinar cómo se están vendiendo los productos. Un traficante o comerciante clandestino no necesita verificar la edad del comprador, cumplir restricciones publicitarias ni conservar registros de venta.
Una regulación tampoco garantiza el cumplimiento. Los productos ilegales continúan existiendo en países donde hay mercados autorizados. La diferencia es que el regulador dispone de un canal legal sobre el cual puede imponer estándares y concentrar la fiscalización en quienes los incumplen.
Una política orientada a reducir los daños tendría que perseguir dos objetivos simultáneos: dificultar el acceso de los menores y permitir que los adultos que fuman conozcan y, cuando corresponda, accedan a alternativas reguladas de menor riesgo.
No todos los consumidores necesitan o desean utilizar cigarrillos electrónicos. Brasil dispone de tratamientos farmacológicos y apoyo profesional para dejar de fumar. Pero la evidencia de Cochrane indica que los productos de vapeo con nicotina pueden ayudar a personas que no han logrado abandonar el cigarrillo con otras opciones.
Excluirlos por completo del mercado legal reduce el número de alternativas disponibles.
La discusión regulatoria sigue abierta
El Proyecto de Ley 5.008 de 2023 propone regular la producción, importación, exportación y comercialización de cigarrillos electrónicos. También contempla el registro de empresas y productos ante Anvisa. La última actualización oficial localizada, publicada por el Senado en enero de 2026, indicaba que la propuesta estaba lista para ser votada en la Comisión de Asuntos Económicos. Después tendría que pasar por otras comisiones.
La aprobación de ese proyecto concreto no es la única alternativa posible. Una regulación sanitaria puede adoptar diferentes niveles de exigencia: autorización previa de productos, límites técnicos, controles de calidad, restricciones de sabores y publicidad, venta exclusiva a adultos, trazabilidad, vigilancia posterior a la comercialización y sanciones para quienes operen por fuera del sistema.
Cada medida necesita evaluarse por sus efectos sobre el abandono del cigarrillo, el inicio juvenil, el mercado clandestino y las desigualdades de acceso. La regulación también requiere independencia institucional y transparencia frente a los intereses comerciales de fabricantes y distribuidores.
La experiencia brasileña con el contrabando de cigarrillos combustibles muestra, además, que las redes clandestinas no desaparecen simplemente porque exista un producto legal. Los precios, los impuestos, la capacidad de fiscalización y las diferencias regulatorias entre países vecinos siguen influyendo.
El costo de dejar todo el mercado en la clandestinidad
Brasil no enfrenta una elección entre un país sin cigarrillos electrónicos y otro completamente dominado por estos productos. Los datos describen una elección distinta: mantener un mercado íntegramente clandestino o construir un canal regulado acompañado de controles estrictos.
La primera opción es una prohibición formal que deja sin supervisión sanitaria los dispositivos que, en la vida real, llegan a los consumidores. También impide que los fumadores adultos puedan adquirir legalmente productos regulados que, según la evidencia clínica, pueden ayudar a abandonar el cigarrillo y reducir la exposición a los tóxicos de la combustión.
La segunda alternativa no está libre de riesgos. Exige evitar la venta a menores, controlar las estrategias de la industria, vigilar los productos y perseguir el contrabando que pueda persistir.
Las incautaciones, por numerosas que sean, no resuelven el debate. El resultado de una política debe evaluarse por lo que sucede fuera del papel: qué productos circulan, quién los vende, quién puede acceder a ellos y qué posibilidades reales tienen los fumadores de abandonar la forma más peligrosa de consumir nicotina, el cigarrillo combustible.
Mientras esas preguntas continúen sin respuesta, la prohibición seguirá conviviendo con aquello que pretendía eliminar.
Fuentes principales
- A Gazeta: incautaciones de cigarrillos electrónicos en Brasil
- Anvisa: regulación y prohibición vigente desde 2024
- Anvisa y Receita Federal: Operação Rede de Fumaça
- IDESF: O novo mapa do contrabando
- Ministerio de Salud: Vigitel Brasil 2006–2024
- Cochrane: cigarrillos electrónicos y abandono del tabaquismo
- Spinola et al.: prohibición y mercado ilícito en Brasil
- Respuesta académica en defensa de la prohibición brasileña
- Aclaración de Spinola y colaboradores
- Senado de Brasil: situación del PL 5.008/2023
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